La diputada Nathalie Castillo presentó un proyecto de ley que busca ampliar la vigencia de la Ley Nº 20.234 hasta el año 2035.
Esta ley trabaja en el saneamiento y regulación de loteos y asentamientos irregulares en el país. Sin embargo, sólo contempla los materializados hasta 2018.
Se espera que los municipios y los distintos órganos del Estado puedan abordar de manera efectiva los asentamientos surgidos después de la fecha de corte.
Con esta modificación, Castillo espera que se avance en una real integración urbana, asegurando servicios básicos a las comunidades en el mediano y largo plazo.
“Muchas familias quedaron fuera de la ley vigente solo por una fecha de corte, lo que es injusto. Este proyecto busca dar certezas y soluciones reales a esas comunidades”, señaló la parlamentaria.
Según la iniciativa, se define como asentamiento irregular a aquellos loteos que presenten dificultades planimétricas o normativas.
Con esa noción, Castillo espera que se trabaje en tres ejes: regularización, provisión de infraestructura y una política habitacional inclusiva.
Sin embargo, esta prórroga no implica dejar el procedimiento abierto de forma indefinida, ya que podría fomentar la especulación inmobiliaria y nuevas irregularidades.
“Lo que buscamos es equilibrar la urgencia de miles de familias que necesitan una solución habitacional”, afirmó la diputada, quien además indicó la responsabilidad de avanzar hacia una planificación urbana más ordenada y justa.
Erika Rojas, asesora del Comité de Emergencia de Alfalfares en La Serena, formó parte del diseño de este proyecto y explicó que este proyecto permitirá dar respuestas concretas a miles de familias que han sido víctimas de la especulación del suelo.
“Es impresentable que, viviendo en la misma ciudad, existan familias sin agua potable, sin alcantarillado ni energía eléctrica”, afirmó Rojas.
Cabe destacar la implementación de la diputada Castillo, de una solución hídrica de emergencia para los vecinos de la Parcela 33 de Alfalfares.
La parlamentaria afirmó que conoce estos sectores y que trabaja en conjunto con las dirigencias, por lo que extender el plazo hasta 2035 “es una medida de justicia social y responsabilidad pública”.