La diputada Nathalie Castillo se reunirá con el Subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell para abordar una situación crítica. En septiembre de 2024 se realizó un proceso de negociación entre FENATS y el Servicio de Salud, en el que se buscaban mejoras de grados.
Sin embargo, al no contar con respaldo financiero, repercutió en varias movilizaciones en hospitales de Ovalle, Los Vilos, Combarbalá, Coquimbo y La Serena.
Entre los petitorios de los trabajadores se encuentran mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de la red pública asistencial.
Sin embargo, los funcionarios de la salud se sorprendieron al descubrir descuentos en sus remuneraciones y sumarios administrativos en su contra.
Desde la dirigencia regional de la FENATS acusan una falta de diálogo por parte del Servicio de Salud, algo que la parlamentaria había denunciado semanas atrás.
Castillo encontró “improcedente que se tomen este tipo de medidas arbitrarias contra los trabajadores y trabajadoras de la salud que han demandado mejores condiciones laborales para la universalidad de pacientes”.
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Además afirmó que estos descuentos no corresponden y que atentan contra la labor sindical. Por lo que insistió en que el Ministerio de Salud los reciba y le dé una respuesta clara a la FENATS.
FENATS presenta recurso de protección
La organización sindical presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, quienes resolverán si acogen o no la solicitud de frenar los descuentos.
No obstante, desde la FENATS señalaron que el Servicio ya notificó la continuidad de las rebajas, pese a que el recurso se encuentra en tramitación.
Mauricio Ugarte, presidente regional de la FENATS, afirmó que son 350 funcionarios que enfrentan sumario y más de 300 los afectados por los descuentos.
Ugarte responsabilizó al actual director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, por haber mantenido un proceso de negociación con la multigremial, ilusionando a los trabajadores, para luego reprimir las acciones de movilización.
“Es un problema muy de fondo que tiene que resolverse en términos legales, pero también en términos políticos porque la autoridad no puede, arbitrariamente, abusar de la buena fe de los funcionarios”, enfatizó.