La excoordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla, la cual está vinculada a la Municipalidad de La Serena, Nicole Cadena Munita, se enfrenta a una denuncia por una presunta estafa que supera los $115 millones de pesos.
El 7 de julio de 2025, la corporación interpuso una demanda judicial basada en una auditoría interna y observaciones de la Contraloría General de la República (CGR), tras descubrir la utilización de facturas adulteradas y reutilizadas para simular gastos.
Cadena, quien trabajó en la organización desde 2015 hasta 2021, habría obtenido $351.496.464 en fondos asignados a actividades de la institución. La auditoría examinó un total de 189 facturas valoradas en $257.940.393, hallando 174 facturas objetadas: 128 con inconsistencias en el Servicio de Impuestos Internos (SII), 38 no autorizadas, 7 no recibidas y 1 anulada, totalizando $115.119.542 en perjuicio fiscal.
Dentro de las anomalías, sobresalen facturas falsas y boletas emitidas por su pareja, Cristian Muñoz Fredes, lo que podría indicar un posible conflicto de interés.
La querella acusa delitos como alteración de documentos fiscales, apropiación indebida y administración desleal, solicitando prisión preventiva y una compensación por $115 millones en daño emergente más $50 millones en perjuicio moral.
De acuerdo con el fiscal regional Patricio Cooper, Cadena, Muñoz además de Bélgica Guerra Galleguillos -exsecretaria de la unidad- y otro implicado, M.A.S.B., creaban documentos para trabajos ficticios y desviaban recursos a terceros que retenían comisiones.
Nicole Cadena Munita y Cristian Muñoz Fredes | Foto: Diario El DíaEste no es el primer caso en el que Cadena participa. En febrero de 2025, el Tribunal de Garantía de La Serena dictó una detención preventiva para ella y Muñoz, acusados de ser organizadores de un fraude sistemático que implicó pagos a 21 "funcionarios ficticios" por $1.400 millones (informe de CIPER y auditoría de la CGR de febrero 2024).
Otras denuncias incluyen una estafa de $73.267.950 en boletas sin vínculo contractual (a personas como Carlos Rodríguez Maturana por $65,4 millones y Tania Muñoz Fredes por $7,2 millones), y otra por la venta fraudulenta de una propiedad por $85 millones, eludiendo impuestos (en proceso judicial contra el matrimonio Cadena-Muñoz).
Este escándalo de corrupción ha reavivado el plan de cierre de la corporación que la alcaldesa Daniela Norambuena presentó a la contralora Dorothy Pérez en junio de 2025, a causa de deudas millonarias y corrupción.
La investigación penal, a cargo del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, tiene como objetivo descubrir colaboradores y recuperar los recursos públicos malgastados.
Esta nota describe un proceso judicial en curso. La información fue obtenida a través de fuentes periodísticas, sin embargo, no se debe considerar a las personas imputadas como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia.
Todo esto basado en el Artículo 4 del Código Procesal Penal.