Tras el término del contrato de la Municipalidad de Ovalle con la empresa Ecoclean Limarí Spa, más de 40 mujeres quedaron con sueldos y finiquitos impagos.
Ellas desempeñaron labores de aseo en la Atención Primaria de Salud de Ovalle hasta que la empresa externa y el municipio terminaron sus relaciones por incumplimientos contractuales.
Las ex trabajadoras se reunieron con la diputada Nathalie Castillo, quien inició las gestiones correspondientes con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mientras que ofició al subsecretario Pablo Chacón Cancino y a la seremi de la cartera para conocer detalles sobre el proceso de desvinculación.
“Es el municipio de Ovalle quien debe responder y entregar los recursos para saldar esta deuda, que es un derecho y una necesidad urgente para ellas”, afirmó la parlamentaria, quien además pidió al ministerio que se haga parte y transparente las acciones frente esta situación que afecta directamente a las jefas de hogar.
Foto: CedidaCastillo, junto a los concejales Fanny Vega y Ricardo Rojas, quienes ya plantearon el tema en el Concejo Municipal, se comprometieron a seguir coordinando y buscando acuerdos hasta que se haga justicia en este caso.
Según El Ovallino, en abril la Municipalidad retuvo el pago a la empresa externa debido a cotizaciones previsionales impagas. Aquello permitía al municipio pagar directamente a las trabajadoras.
Sin embargo, la Tesorería Provincial de Ovalle, notificó un embargo de los fondos relacionados al contrato, en el marco de una causa judicial por una deuda tributaria de más de $102 millones de pesos de la empresa con el fisco.
Necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización
Las mujeres que exigen el pago de sus sueldos y finiquitos, que en su mayoría son dueñas de casa, enfrentan un grave perjuicio económico por esta situación, lo que afecta directamente a sus familias.
Algunas fueron reincorporadas al Departamento de Salud Municipal pero bajo boleta de honorarios, lo que las deja sin protección laboral ni previsional.
La diputada Castillo advirtió que este tipo de hechos no pueden repetirse. También recalcó la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para proteger a las y los trabajadores subcontratados.