La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 116 votos el proyecto que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, tras ratificar el informe de la Comisión Mixta que ya había sido visado por el Senado. La moción parlamentaria, ingresada en mayo de 2022 por la Cámara Alta, quedó ahora a la espera de ser promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial.
La diputada Nathalie Castillo respaldó la iniciativa y valoró su aprobación como un paso relevante, aunque advirtió que su alcance es todavía limitado.
La parlamentaria señaló que el robo de cables afecta servicios esenciales, como el agua potable para comités APR, y provoca importantes perjuicios económicos en escuelas, comercios y para los propios usuarios, comprometiendo directamente el bienestar de las comunidades.
“Este proyecto propone un aumento de penas y multas, trasladando el costo del delito a quienes lo cometen, desincentivando esta práctica. Además, las nuevas agravantes facilitan la investigación, permitiendo rastrear el cobre robado hasta las plantas de acopio, las empresas exportadoras y las redes de financiamiento, incluyendo el narcotráfico. Esto es crucial para perseguir el crimen organizado y sentar las bases para futuras reformas, como la trazabilidad financiera y el levantamiento del secreto bancario”, destacó Castillo.
La nueva norma -que consta de dos artículos- modifica el Código Penal y el decreto con fuerza de ley de aduanas. En el primer caso, se actualiza la terminología, se agravan las penas y se introducen nuevas figuras agravantes, especialmente cuando el delito afecta masivamente servicios básicos o cuando los responsables se hacen pasar por trabajadores de empresas del rubro. En el ámbito aduanero, en tanto, se endurecen las penas por contrabando, se incorporan agravantes y se extiende la calidad de autor a funcionarios públicos que faciliten estos delitos.
No obstante, la diputada, quien además integra la Comisión Especial Investigadora sobre el robo de cables -que recientemente sesionó en la comuna de Coquimbo-, advirtió que el proyecto no resuelve aspectos clave, como el levantamiento del secreto bancario o la jurisdicción militar en causas de narcotráfico y corrupción. Esto último, indicó, a raíz de la negativa de los partidos de derecha a permitir que tribunales civiles investiguen delitos como el tráfico de ketamina, en el que están involucrados miembros de la Fuerza Aérea.
“Necesitamos mecanismos de control más amplios y equitativos”, subrayó.
Finalmente, la diputada emplazó a la bancada republicana, señalando el vínculo entre uno de los detenidos en la “Operación Oro Rojo” -que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la exportación ilegal de cobre- y dicho partido. Se trata de Francisco San Martín Álvarez, líder de la banda, exmilitante republicano y exprecandidato a alcalde por Coquimbo, quien incluso aparece en fotografías junto al actual candidato presidencial del partido, José Antonio Kast.