Preocupación existe entre los locatarios del Puerto de Coquimbo ante la insistencia de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO) en que firmen un nuevo contrato de arriendo, cuyas condiciones difieren del acuerdo suscrito en 2011. Este contrato tiene vigencia anual, pero se renueva automáticamente cada diciembre, lo que -según los trabajadores- estaría siendo vulnerado.
La incertidumbre por la continuidad de sus labores mantiene en alerta a quienes trabajan en el lugar. A través del sindicato independiente Los Delfines, han impulsado gestiones para que estas presiones cesen, sosteniendo reuniones con la diputada Nathalie Castillo y recibiendo apoyo jurídico de la Delegación Presidencial Regional durante el año pasado y recientemente.
Ante este escenario, la diputada Castillo ejercerá sus facultades fiscalizadoras y oficiará al Sistema de Empresas Públicas (SEP) para conocer en detalle el contrato que EPCO pretende imponer. Además, enviará un oficio a la Dirección de Obras Portuarias para aclarar las competencias que tiene la empresa en diversos sectores de la caleta.
“Además, gestionamos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados para que den a conocer su situación, que afecta seriamente el desarrollo local. Finalmente, concertamos una reunión con la Seremía de Salud sobre un eventual riesgo de contaminación de productos del mar por las emisoras submarinas que existen en el lugar”, complementó Castillo.
La principal preocupación de los locatarios es que el nuevo contrato -exigido desde 2023- no respetaría un derecho adquirido tras décadas de actividad. La presencia comercial en el sector comenzó en los años 80 y se formalizó a mediados de los 90, luego de manifestaciones que permitieron a los pescadores y comerciantes asegurar un espacio que hoy es un polo turístico para la región.
Actualmente, cerca de 100 locales -entre marisquerías, pescaderías y servicios gastronómicos- conforman el terminal pesquero. En total, alrededor de 400 familias, junto a comerciantes y proveedores, dependen de estas actividades, generando más de 2 mil empleos directos e indirectos que hoy se ven amenazados.
Ricardo Vitali Ledezma, presidente del sindicato Los Delfines, relató que hace algunos días se reunieron con el gerente general de EPCO, Ernesto Piwonka, para manifestar su rechazo a firmar el nuevo contrato, el cual no entrega “garantía ni seguridad”, especialmente considerando que el proyecto Mercado del Mar -largamente esperado por el sector- continúa paralizado.
“Nosotros no tenemos nada contra la empresa, al contrario. Sin embargo, las presiones no nos tienen bien psicológicamente, nos sentimos desconsiderados. Hoy es muy importante para los locatarios, para las familias, los proveedores, la seguridad de un contrato que no nos corresponde, que altera el normal funcionamiento de nuestras labores. No nos da garantía ni certeza de que pueda ser renovado en un futuro”, manifestó el dirigente.
El asesor jurídico del sindicato, Jorge Bujalil, reforzó esta preocupación, advirtiendo que no existe claridad sobre que EPCO no pueda retirar unilateralmente a los locatarios.
“La empresa portuaria los ha hostigado para que firmen un contrato que caduca los derechos del contrato anterior (2011) (…) El Sindicato Los Delfines ni ninguno de los restaurantes va a salir de ahí hasta que no esté entregado y construido el Mercado del Mar”, afirmó.