La diputada Nathalie Castillo anunció que recurrirá a la Corte Suprema con el fin de evitar el desalojo de las y los estudiantes del Colegio Christ School, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena rechazara el recurso de protección que la parlamentaria presentó en mayo de este año. La acción judicial buscaba que el Ministerio de Educación garantizara la continuidad escolar de más de 1.500 alumnos y alumnas del establecimiento.
Cabe recordar que, mientras se resolvía dicho recurso, el tribunal había dictado una Orden de No Innovar que suspendió temporalmente el desalojo. Sin embargo, tras el rechazo, esta medida dejó de tener efecto.
“Empatizamos con toda la comunidad del Christ School. Sabemos que atraviesan momentos difíciles porque los hemos acompañado en un proceso lleno de incertidumbre y angustia. Hemos conversado con el ministro y con el seremi buscando soluciones a un problema que se arrastra desde hace años. Por eso presentamos un recurso de protección que permitió detener momentáneamente el desalojo, pero el tribunal no resolvió a nuestro favor. No desistiremos: creemos que es fundamental recurrir hasta la máxima instancia para que las y los estudiantes puedan concluir su año escolar. Esperamos que la Corte Suprema acoja nuestros argumentos y evite un desalojo que significaría un daño inmenso para la comunidad educativa”, sostuvo Castillo.
Lo resuelto por la Corte de Apelaciones en Caso Colegio Christ School
La Corte de Apelaciones de La Serena analizó si la actuación del Ministerio de Educación fue ilegal o arbitraria. En su fallo, los jueces concluyeron que el conflicto se originó por incumplimientos del anterior sostenedor del establecimiento, lo que derivó en una sentencia civil que ordenó devolver el inmueble a su propietario. Actualmente, el colegio funciona bajo la figura de un Administrador Provisional designado por la Superintendencia de Educación.
El tribunal reconoció las gestiones del MINEDUC para resguardar la continuidad escolar, pero precisó que no puede dejar sin efecto una sentencia de desalojo ya confirmada por instancias superiores, dado que los recursos de protección sólo aplican frente a actos ilegales o arbitrarios.